Entorno rural gallego. Un hombre de sesenta y tantos años llega bebido a su casa. Su esposa, de edad similar, le afea su conducta. El marido le atiza un sopapo. La mujer (¡valientes son las gallegas!) le sacude un escobazo, rompiéndole un dedo. Se denuncian mutuamente. El juez les obliga a permanecer separados durante cuatro años e impone una pena de dieciséis meses de cárcel al hombre y de algo menos a la mujer; no tienen que entrar en prisión porque se trata del primer delito de ambos y las penas son inferiores a dos años.
Al poco tiempo, el hombre renuncia al alcohol. La esposa, satisfecha, le permite regresar a su lado, con el beneplácito de los hijos, adultos, del matrimonio. Una patrulla de la Guardia Civil pasa casualmente delante de la casa y los ve juntos. Los denuncia porque han incumplido la orden de separación (aún no han pasado cuatro años desde la sentencia). El juez falla que han de ir a la cárcel porque ahora ya se trata del segundo delito. Recursos todavía pendientes.
¿Por qué los denunció la patrulla?; ¿no tenía nada mejor que hacer? ¿Por qué el juez sacrificó el sentido común en aras de una ley imbécil?
Gao Ping, jefe de la mafia china en España, sigue en libertad a la espera de juicio (si llega a haber tal juicio). Se le acusa de un descomunal fraude fiscal (varios cientos de millones de euros como mínimo), al lado del cual la fortuna de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP, y los sobres con dinero que aquél pagaba a altos cargos del partido son simple calderilla. No está en prisión provisional porque un error de procedimiento por parte de fiscales y juez obligó a ponerlo en libertad tras su detención (¿cómo consiguieron sus títulos universitarios y pasaron sus oposiciones unos y otro?).
Si digo que este país es una mierda, ¿alguien está dispuesto a llevarme la contraria?
